Una segunda oleada de activistas independentistas ha fijado su residencia en el extranjero por la investigación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón contra la plataforma Tsunami Democràtic por terrorismo por su papel en las protestas contra la sentencia del 1-O.
Al menos siete de los 12 investigados están residiendo fuera de Catalunya actualmente, y cuatro de ellos se han trasladado en los últimos meses por dicha investigación. El diputado de ERC Ruben Wagensberg, el activista de Òmnium Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó viven ahora en Suiza, donde ya reside la secretaria general de ERC, Marta Rovira, desde 2018. Después del 1-O, Jaume Cabani marchó a Bélgica, donde hasta hace poco también estaba el expresidente Carles Puigdemont, ahora en el Vallespir por la campaña del 12-M.
Todos ellos se exponen a ser juzgados y condenados por terrorismo por su presunta vinculación con Tsunami y las protestas contra la sentencia del 1-O en el otoño del 2019. García Castellón también investiga al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay (en Catalunya), al empresario Xavier Vendrell (entre Catalunya y Colombia, es asesor del presidente Gustavo Petro), a la dirigente de ERC Marta Molina, al empresario Oriol Soler (también en Catalunya), y al banquero suizo Nicola Flavio Giulio Foglia.
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En una entrevista en la ACN, Benet Salellas, abogado de Serra, Campmajó y Soler denuncia que, a pesar de la ley de Amnistía, hay “cierto descontrol en determinados espacios” del poder judicial español que están “dispuestos a ir más allá de lo que dice la ley” por motivos “políticos”. “La inseguridad hace tomar decisiones como el exilio”, asegura.
Ahora mismo no hay órdenes de detención contra ninguno de los investigados, si bien se los está empezando a citar para declarar. Justo esta semana la Audiencia Nacional reclamaba a los investigados que no son aforados que le hagan llegar en un día las direcciones donde viven para poderlos citar a declarar. El caso de Puigdemont y Wagensberg está en el Tribunal Supremo por su condición de eurodiputado y diputado, respectivamente.
Más allá del riesgo de entrar en la prisión, Salellas explica que la decisión del exilio también es una vía para “denunciar internacionalmente que España utiliza el terrorismo para acallar la disidencia política”: “Utilizaremos todas las vías institucionales para explicar en el mundo que se están vulnerando derechos fundamentales a ciudadanos europeos”. “Hasta hoy el exilio ha demostrado que las decisiones de los países europeos han ido en contra de las autoridades españolas”.
“Que la gente tenga que marchar es una consecuencia lógica de la arbitrariedad del estado español contra la oposición política”, añade el abogado suizo Olivier Peter. El también letrado de Serra y otros independentistas catalanes cree que el caso del Tsunami "demostrará que aunque haya un cambio de gobierno en España la represión del independentismo sigue por parte de los poderes fácticos del estado”.
Traslado en Suiza desde noviembre
Salellas revela a la ACN que decidieron activar el dispositivo para marchar a Suiza a raíz de la interlocutoria del juez de la AN Garcia-Castellón del 6 de noviembre del 2023. “Demostraba que era una causa que utilizaría la derecha judicial para luchar contra la ley de amnistía y que no seguiría los controles o las reglas de cualquier causa judicial ordinaria. Esto a mucha gente le hace plantear el riesgo de situaciones de privaciones de libertad y de órdenes de detención”, afirma. Ante esta preocupación se opta por “marchar al exilio”.
Igual que Ruben Wagensberg, diputado y número 9 de las listas de ERC al 12-M, Oleguer Serra, miembro de la Junta de Òmnium, también marchó hace meses de Catalunya como explicó él mismo en un acto ayer al atardecer en Perpiñán, acompañado del presidente de la entidad cultural, Xavier Antich, y el expresidente Jordi Cuixart.
La misma decisión tomó a finales de 2023 Jesús Rodríguez, periodista de La Directa. Su grupo de apoyo ha dado detalles en un acto este jueves en Sants, donde el mismo Rodríguez ha intervenido por videoconferencia. A su vez, el empresario Josep Campmajó también explicará que ha marchado de España en un acto que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Girona esta mañana.
De cara en esta nueva etapa , Salellas defiende que “el coste lo tiene que asumir el movimiento” independentista. “No puede ser que las personas que han marchado al exilio tengan que asumir los costes”, remarca.
Por su parte, el periodista de La Directa, Jesús Rodríguez, ha comentado en una entrevista en El Món a Rac 1, que se va "porque el juez y la Guardia Civil me imputan sin comunicarme nada". "Es sorprendente", ha añadido. Rodríguez ha cuestionado que se le impute una vez empezara la negociación de la ley de amnistía cuando "durante cuatro años mi nombre no aparece en las investigaciones ni en los informes". "Un mensaje con Alay sirve para vincularme con la causa del Tsunami", ha explicado el periodista.
El caso del Tsunami
Desde 2019 la Audiencia Nacional persigue a la plataforma Tsunami Democràtic porque considera que su vinculación con las protestas por la sentencia del procés podría constituir un presunto delito de terrorismo. Cuatro años después, finalmente el noviembre del 2023 el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acuerda dirigir la investigación por las actuaciones del Tsunami contra Puigdemont, Rovira, Wagensberg, Josep Lluís Alay, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani, Oleguer Serra y Nicola Flavio Giulio Foglia. Los hechos podrían calificarse de manera indiciaria, indica el juez, como de terrorismo.
El magistrado considera que el Tsunami era una organización que tenía como objetivo “subvertir la orden constitucional, desestabilizar económicamente y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”. Los informes de la Guardia Civil en los cuales se basa García*Castellón atribuyen a Tsunami el bloqueo de infraestructuras críticas del Estado y europeas como el del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el intento de bloqueo de la torre de control ENAIRE de Barcelona en Gavà o el intento de bloqueo del aeropuerto de Madrid-Barajas, la huelga general del 18 de octubre del 2019, el intento de afectación del proceso de elecciones generales de noviembre o las acciones cometidas a propósito del partido de fútbol entre el FC Barcelona y el Real Madrid en diciembre.
Suiza cuestiona a García-Castellón
La Oficina Federal de Justicia de Suiza cuestionó el 20 de febrero la investigación de García-Castellón Rovira. En respuesta a la petición de información, el organismo pedía más información en España “antes de verificar” si la comisión rogatoria “tiene un carácter político”, y recordaba que esto los impediría conceder la asistencia solicitada.
Mientras tanto, suspendía la petición del juez, que pedía localizar a Rovira en Suiza, así como información sobre sus movimientos bancarios. “No entendemos qué finalidad se persigue con esta localización”, apuntaba la oficina en un extracto de su respuesta. El día siguiente, García-Castellón recriminó a Suiza “sesgo político” y falta de colaboración en el ‘caso Tsunami’.
El abogado Olivier Peter asegura que es “la manera diplomática” de Suiza de rechazar la petición: “Quizás el señor García-Castellón no lo entiende, pero para los suizos es muy claro”.
Seis años y medio después de que el expresidente Carles Puigdemont y un grupo de consejeros se desplazaran a Bélgica por la causa de sedición y malversación (inicialmente también de rebelión) por la organización del 1 de octubre, el independentismo vuelve a enviar activistas y políticos al extranjero para evitar potenciales detenciones. Esta vez, por una causa colateral a la del 1-O.
Continúan en el extranjero el eurodiputado y ahora cabeza de lista de Junts a las elecciones europeas de 9-J, Toni Comín; y el diputado Lluís Puig (Junts). La exdiputada Anna Gabriel (CUP), la consejera Meritxell Serret (ERC) y la eurodiputada y cabeza de lista de Alhora, Clara Ponsatí, pudieron volver a Catalunya, a pesar de que estas últimas dos todavía tienen un caso por desobediencia abierto en relación con el 1-O. El activista Adrià Carrasco también pudo volver de Bélgica en 2021.
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