Las comparecencias de los expertos para valorar la propuesta de ley educativa de PP y Vox -que permitirá a los padres elegir la lengua base de la enseñanza de sus hijos- evidenció una falta total de consenso respecto a los efectos de la futura norma. Si alguien acudiera por primera vez a la comisión de Educación del Parlamento valenciano, pensaría que de los 12 comparecientes -tres designados por cada partido- seis opinaban de una ley, y los otros seis, de otra muy diferente y antagónica.
Los expertos elegidos por PP y Vox loaron las bondades de una ley que a su juicio garantiza la igualdad y la equidad de las dos lenguas cooficiales. Cierto es que, en uno y otro bando, se escucharon argumentos muy similares a los que los políticos ya emplearon en el debate en pleno sobre la toma en consideración de la proposición de ley.
Debate
Los argumentos de los expertos coincidieron con los de los grupos parlamentarios que los designaron
En esta línea, los designados por los grupos parlamentarios que conforman el gobierno valenciano lanzaron argumentos como que, frente a la imposición de los últimos años, los padres tendrán derecho a elegir la lengua en que estudian sus hijos. En su intervención, el portavoz de la Confederación de Padres de Alumnos de la Comunitat Valenciana (Concapa CV), Rafael Araujo, llegó a lamentar que hay familias que “masivamente se están yendo a Murcia a estudiar”.
Por su parte, la presidenta de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos (Covapa), Sonia Terreros, aplaudió que la ley recoja las opiniones de las familias y pidió valentía para que se cambie la “anticuada” Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 1983. Otro de los comparecientes, el presidente del Colegio de Pedagogos, Enrique Castillejo, calificó de decisión “pedagógicamente acertada” permitir que el alumno elija examinarse en su lengua de dominio.
Disenso
La división también llega a los representantes de las AMPAS
En el lado contrario, la argumentación fue muy diferente. Muy didáctico en su explicación, el catedrático honorario en didáctica de lenguas de la Universidad de Ginebra, Joaquim Dolz, vaticinó que la norma no logrará nunca la equidad pretendida, dudó de su “validez didáctica” y señaló que es un texto “irresponsablemente discriminatorio” contra el valenciano; “y ustedes los saben”, apostilló.
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En la misma línea, el presidente de la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, apuntó que la propuesta legislativa se ha planteado única y específicamente para menguar la presencia del valenciano en el sistema educativo hasta su absoluta eliminación en algunos espacios: “No es una ley educativa, es una ley contra el valenciano, punto”. Asimismo, el profesor de Sociología de la Universitat de València Rafael Castelló lamentó que “la libertad lingüística de los castellanohablantes suponga la muerte lingüística de los valencianohablantes”.
