Si ayer dábamos la buena noticia para Shakira de que la fiscalía, motor de la querella por el ejercicio fiscal de 2018, se echaba atrás al considerar que finalmente no había suficientes indicios de delito, hoy la alegría para la artista es completa: la jueza ha decidido archivar la causa penal. En el despacho de Pau Molins la satisfacción impera. El proceso discurrirá ahora tan solo por la vía administrativa, cuya defensa dirigirá José Luis Prada, su abogado fiscalista.
La cantante ve así finalizada la posibilidad de cualquier proceso penal en España.
Pau Molins, abogado defensor de Shakira en esta causa ya finiquitada, se muestra satisfecho con la noticia: “El archivo judicial, que había sido solicitado por la defensa hace más de tres meses, demuestra que nunca hubo comportamiento defraudatorio por parte de la cantante. Nuestra cliente está totalmente satisfecha con que por fin se reconozca que no cometió ningún fraude penal, pero su lucha contra la Agencia Tributaria española no acaba aquí”. De la misma opinión es Miriam Company, del bufete Pau Molins Defensa Penal y codefensora de la artista: “No tenía lógica continuar con esta investigación penal en la que la ausencia de dolo era más que evidente y que se sostenía en complicadas teorías y conceptos técnicos de difícil comprensión, incluso para fiscalistas expertos”.
Pau Molins, abogado penalista de la cantante. )
José Luis Prada, abogado fiscalista de la cantante, recuerda que existe otra causa, relativa al ejercicio 2011 y que se tramita en la Audiencia Nacional: “Especialmente inconcebible es la causa administrativa que la Agencia Tributaria (AEAT) mantiene abierta contra Shakira por el ejercicio 2011, actualmente pendiente de resolución por la Audiencia Nacional, puesto que se trata de un año en el que era imposible que la cantante fuera residente fiscal en nuestro país. Ese año Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países, y pasó, como máximo, 70 días en España. Es decir, ni la mitad del mínimo requerido para ser residente fiscal en España”.
Molins llevó también la defensa de Sandro Rosell y de la infanta Cristina.
Cuentan desde el entorno de Shakira que la causa de 2011 demuestra un proceder “lleno de anomalías por parte de Hacienda, que obligó a la cantante a abonar hasta 30 millones de euros que le ha retenido todos estos años –desde 2018 hasta hoy–, además de tener que garantizar otros 35 millones de euros por sanciones desorbitadas, sin esperar siquiera a que un tribunal se pronuncie sobre su conformidad a Derecho”. La multa grava los ingresos de la gira de Shakira en 2011 al margen de los gastos en los que incurrió. Cree la cantante que Hacienda la está multando por unos presuntos beneficios que no se produjeron, pues no se ha admitido la deducción de gastos efectivamente producidos.
